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Desaparición del 70% de los recursos del contrato para bienestar animal

Por: Bogotá y sus Barrios

En medio del evento de rendición de cuentas de la administración local de Bosa, liderada por el alcalde Fabián Ramírez, un grupo de animalistas protagonizó una protesta que encendió la polémica sobre el manejo de recursos públicos destinados a la protección animal en la localidad.

La líder animalista Magaly Correa denunció que un contrato por 2.040 millones de pesos, suscrito por la anterior administración para ejecutar acciones de bienestar animal, presenta un grave rezago en su ejecución. Según afirmó, solo se habría invertido el 30% de los recursos, mientras que el 70% restante “no tiene información clara ni trazabilidad”.

De acuerdo con Correa, el contrato contemplaba actividades clave como valoraciones veterinarias, jornadas de esterilización, procesos de adopción y programas de educación en tenencia responsable. “Bosa es la tercera localidad de Bogotá con mayor sobrepoblación felina y canina. Es indignante que estos recursos, que eran urgentes para atender esta problemática, hoy estén prácticamente embolatados”, aseguró.

La denuncia generó preocupación entre asistentes y organizaciones defensoras de animales, quienes exigen explicaciones claras sobre el destino de los recursos y la continuidad de las acciones previstas.

Por su parte, la Alcaldía Local de Bosa defendió su gestión señalando avances en materia de bienestar animal durante 2025. Según el informe presentado, 600 personas fueron sensibilizadas en cuidado responsable y 680 animales de compañía recibieron atención médico-veterinaria en brigadas y jornadas realizadas en la localidad.

La administración aseguró que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los animales y fortalecer la convivencia ciudadana. Sin embargo, las denuncias de los colectivos animalistas abren un nuevo frente de cuestionamientos sobre la ejecución de recursos públicos y la efectividad de las políticas de protección animal en Bosa.

El caso ahora pone en el centro del debate la necesidad de mayor transparencia y control sobre los contratos públicos, especialmente en un tema sensible que impacta tanto a la comunidad como a los animales más vulnerables de la localidad.

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