La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Investigadores, trabajadores de campo y científicos de la entidad salieron a las calles desde el pasado 22 de abril para protestar contra la reducción progresiva del presupuesto, los despidos de personal y lo que muchos consideran una estrategia de desfinanciación que podría poner en riesgo la existencia misma de la institución.
Las movilizaciones reflejan la preocupación de quienes durante décadas han trabajado en la generación de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario colombiano, especialmente para campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar. Hoy, aseguran, no solo está en juego su estabilidad laboral, sino también el futuro de la investigación agropecuaria del país.
Agrosavia nació hace más de tres décadas como respuesta a la necesidad de separar funciones dentro del Instituto Colombiano Agropecuario, evitando que esta entidad actuara simultáneamente como regulador e investigador del sector. Fue así como, el 25 de enero de 1993, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se creó la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, conocida inicialmente como Corpoica y renombrada como Agrosavia en 2018.
Desde entonces, la entidad asumió una función respaldada por el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que establece la responsabilidad del Estado de promover la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Sin embargo, en los últimos tres años la situación financiera se ha deteriorado significativamente. Según denuncian trabajadores y sindicatos, el Ministerio de Agricultura ha venido reduciendo de manera sostenida las transferencias destinadas al funcionamiento de la entidad, afectando salarios, contratación de personal, mantenimiento de centros de investigación y la ejecución de su labor misional.
En 2024, la transferencia del Gobierno Nacional fue de 299 mil millones de pesos, una cifra que permitía garantizar la operación básica mientras la entidad gestionaba recursos adicionales mediante fondos concursales para investigación. Para 2025, ese monto bajó a 226 mil millones de pesos, con una retención adicional de 10 mil millones, lo que obligó a la desvinculación de trabajadores y a la suspensión de aumentos salariales.
En 2026, el presupuesto se mantuvo en 216 mil millones de pesos, nuevamente sin incremento salarial y con nuevos despidos previstos. Pero la mayor alarma llegó con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, donde el rubro asignado a Agrosavia aparece con apenas 120 mil millones de pesos, cerca del 40 % de lo recibido en 2024.
Para trabajadores y expertos del sector, esta cifra haría inviable el funcionamiento de la institución. Incluso advierten que no alcanzaría ni para cubrir indemnizaciones por despidos masivos ni para garantizar el pago de salarios.
A esta crisis financiera se suma una nueva controversia: la propuesta de trasladar la custodia de los Bancos de Germoplasma —uno de los patrimonios genéticos más importantes del país— desde Agrosavia hacia el ICA. Durante más de 32 años, la entidad ha sido responsable de la conservación, ampliación y protección sanitaria de este material genético estratégico para la soberanía alimentaria nacional.
La propuesta, publicada recientemente en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), ha generado fuertes cuestionamientos dentro del sector agropecuario, especialmente porque Agrosavia cuenta con el conocimiento científico, el personal especializado y la experiencia histórica para esta tarea.
Desde distintos sectores se preguntan por qué una institución con vocación principalmente regulatoria como el ICA asumiría esta función, cuando Agrosavia fue precisamente creada para liderar la investigación científica y tecnológica del agro colombiano.
La preocupación también se dirige hacia la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien le exigen claridad sobre el futuro de la entidad y sobre las decisiones que hoy podrían redefinir el rumbo de la ciencia agropecuaria nacional.
Sindicatos, investigadores y actores del agro coinciden en una pregunta central: ¿se busca acabar con Agrosavia? Y si esa fuera la intención, advierten, el país tendría que responder quién asumirá la investigación agropecuaria, qué intereses están detrás de ese debilitamiento institucional y cuál será el impacto para millones de productores rurales.
En un país que promueve el discurso de “Colombia, potencia mundial de la vida”, la reducción de recursos para la ciencia agropecuaria parece, para muchos, una contradicción profunda entre el discurso y la realidad.
