La preocupación de las familias de niñas, niños y jóvenes que quedaron huérfanos por feminicidio volvió a hacerse pública. A través de una carta abierta, familiares de víctimas hicieron un llamado para que la Ley 2530 de 2025 no quede solo escrita en el papel y sea realmente puesta en marcha por el nuevo Gobierno.
La carta fue escrita por Camilo Andrés Beltrán Ortiz, quien desde 2022 cuida a sus dos sobrinas luego del feminicidio de su hermana. En el documento recuerda que la aprobación de la ley representó una esperanza para miles de familias, pero advierte que todavía existen dudas sobre quién será el responsable de ejecutarla y cómo se garantizarán los recursos para hacer efectivos los derechos que allí fueron reconocidos.
La Ley 2530 de 2025 fue creada para proteger a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio. La norma establece apoyo económico, atención psicológica, acceso preferencial a educación, salud, cultura, deporte y acompañamiento jurídico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que quedaron sin su madre a causa de este delito.
Sin embargo, quienes impulsaron esta iniciativa aseguran que todavía existen vacíos para que esos beneficios lleguen realmente a las familias. Entre las principales preocupaciones está la falta de una implementación clara, la ausencia de un registro nacional de huérfanos por feminicidio y la incertidumbre sobre la entidad que asumirá la coordinación de la política pública tras los cambios institucionales ocurridos en el país.
El llamado también está dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Los familiares piden que la protección de esta población no dependa de los cambios de gobierno y que la ley continúe desarrollándose con presupuesto, instituciones responsables y una ruta de atención que funcione en todo el territorio nacional.
La preocupación surge porque, aunque durante 2026 el Gobierno adelantó mesas técnicas y encuentros con organizaciones sociales para construir la reglamentación de la ley, las familias consideran que todavía falta garantizar que todas esas medidas se conviertan en acciones concretas y permanentes.
De acuerdo con organizaciones que trabajan en este tema, en Colombia podrían existir más de 23.000 niñas, niños y jóvenes que han quedado huérfanos por feminicidio, aunque aún no existe un registro oficial unificado que permita conocer con precisión la magnitud del problema.
Para las familias, el mensaje es claro: el reconocimiento legal fue un paso importante, pero ahora esperan que el Estado garantice que esos derechos lleguen a quienes más los necesitan. Su llamado es que ninguna niña o niño que haya perdido a su madre por un feminicidio vuelva a enfrentar, además del dolor, el abandono institucional.
