Cuatro semanas de paralización, retrasos en la ejecución y múltiples preocupaciones por la seguridad y la movilidad mantienen inconformes a los habitantes del barrio La Esperanza de Tibanica, en la localidad de Bosa.
La Junta de Acción Comunal y la comunidad acudieron a Bogotá y Sus Barrios para denunciar la situación de una obra vial derivada del contrato 729, cuyos trabajos comenzaron el pasado 11 de agosto.
Según Claudia Nieto, presidenta de la Junta de Acción Comunal, el plazo inicialmente anunciado para la ejecución era de tres meses. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia comunitaria, apenas se habría ejecutado el 20 % de los trabajos, mientras las calles y los espacios intervenidos permanecen con dificultades que afectan la vida cotidiana de los residentes.
¿Quién tiene la responsabilidad de la paralización?
La controversia tiene dos versiones enfrentadas. Por un lado, el contratista argumenta que suspendió los trabajos porque la Alcaldía Local de Bosa no le ha pagado. Por otro, un ingeniero del área de infraestructura de la Alcaldía señaló que el contratista no ha presentado los informes, entregables y soportes de las actividades ejecutadas, ni la respectiva cuenta de cobro para tramitar los desembolsos.
Según el funcionario, la Administración ha enviado más de diez oficios solicitando la documentación pendiente. También manifestó que esperaba que durante esta semana se entregaran los documentos requeridos para que la Alcaldía pudiera autorizar el pago de las sumas adeudadas, siempre que se cumplieran las condiciones contractuales.
La comunidad denuncia riesgos y afectaciones
Claudia Nieto advirtió que la suspensión de los trabajos ha dejado situaciones que, según su denuncia, comprometen la seguridad de los residentes y dificultan la movilidad en el sector.
Entre los problemas señalados se encuentran:
• Cajas de inspección en mal estado, que requieren revisión y atención.
• Sardineles y andenes abandonados en las zonas intervenidas.
• Mangueras de gas expuestas, que podrían representar riesgos para los habitantes y requieren una inspección técnica.
• Accidentes al ingresar a las viviendas, según lo reportado por la presidenta de la JAC.
• Dificultades de movilidad y circulación peatonal como consecuencia de los trabajos inconclusos.
La dirigente comunal también denunció presuntas sustracciones de materiales de construcción, entre ellos cemento y ladrillos, que habrían sido destinados a la obra.
Esta afirmación requiere verificación y, de ser procedente, investigación por parte de las autoridades competentes.
Contratista e interventoría, bajo cuestionamiento
Otro de los puntos señalados por la comunidad es la presunta inasistencia del contratista y del interventor a los debates de la Junta Administradora Local de Bosa convocados para abordar la situación.
De acuerdo con la información suministrada, la interventoría de la obra está a cargo de FINDETER. Su participación resulta relevante para conocer el estado de ejecución, verificar las actividades realizadas, establecer las causas de los retrasos y determinar qué medidas de seguimiento se han adoptado.
La comunidad necesita conocer no solamente el porcentaje de avance, sino también si existen actas de obra, informes de interventoría, requerimientos al contratista y un cronograma actualizado que permita establecer cuándo se reanudarán y terminarán los trabajos.
La supervisión y el seguimiento contractual deben traducirse en información verificable, acciones oportunas y protección efectiva de los habitantes afectados.
Este viernes habrá una nueva citación en la JAL de Bosa
Según Claudia Nieto, presidenta de la Junta de Acción Comunal, el próximo viernes a las 10:00 a. m. fueron citados nuevamente ante la Junta Administradora Local de Bosa el contratista, el interventor de la obra y representantes del área de infraestructura de la Alcaldía Local.
El objetivo de esta nueva sesión es que los convocados informen las gestiones adelantadas para corregir la situación y superar los inconvenientes que mantienen paralizados los trabajos.
La comunidad espera que el encuentro no se limite a explicaciones generales y que los responsables presenten compromisos concretos, actuaciones verificables y fechas precisas para reanudar y finalizar la obra.
Entre los asuntos que requieren claridad están la documentación pendiente para tramitar los pagos, el estado de las obligaciones económicas, las medidas para atender los riesgos en las zonas intervenidas y el cronograma de ejecución actualizado.
La sesión también será una oportunidad para conocer qué actuaciones han adelantado el contratista, la interventoría y la Alcaldía para evitar que las diferencias administrativas o contractuales sigan afectando a los residentes.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cuándo se reanudará la obra y en qué fecha será entregada a la comunidad?
