La muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el pasado 20 de septiembre después de un procedimiento policial en el sur de Bogotá, continúa revelando detalles sobre la violencia que habría sufrido mientras permanecía bajo custodia de integrantes de la Policía Nacional.
Durante la audiencia de imputación de cargos del 21 de octubre, la Fiscalía General de la Nación expuso una reconstrucción de los hechos que incluye agresiones físicas, repetidas descargas eléctricas, expresiones presuntamente racistas y la falta de atención médica oportuna. Los elementos presentados por el ente acusador llevaron a la imputación de homicidio agravado y tortura agravada contra cuatro uniformados, quienes no aceptaron los cargos. Dos de ellos también enfrentan señalamientos por falsedad ideológica en documento público.
La investigación apunta a establecer no solamente quiénes participaron directamente en las agresiones, sino también las responsabilidades de quienes tenían el deber de proteger la vida de Balanta una vez fue reducido y trasladado a la estación policial.
Un procedimiento marcado por presuntas agresiones racistas
Los hechos comenzaron en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, cuando uniformados de la Policía intervinieron en una situación que involucraba a varios ciudadanos. De acuerdo con los testimonios presentados durante la audiencia y recogidos por Noticias Caracol, algunos policías habrían utilizado expresiones discriminatorias contra las personas presentes.
La Fiscalía reconstruyó un intercambio verbal en el que, según los testimonios, uno de los uniformados habría amenazado a ciudadanos afrodescendientes haciendo referencia a experiencias de violencia en el Chocó. Posteriormente se produjo una confrontación en la que Donovan Balanta habría lanzado una botella hacia el lugar donde se encontraban los agentes.
Los policías lo persiguieron, lo interceptaron y presuntamente lo redujeron mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, la investigación sostiene que las agresiones continuaron cuando ya se encontraba esposado y sin capacidad efectiva de resistencia.
Las descargas eléctricas no terminaron con la captura
Uno de los hallazgos más graves presentados por la Fiscalía es que el dispositivo de descarga eléctrica habría sido utilizado en diferentes momentos del procedimiento. El patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres está señalado de haber accionado repetidamente el táser contra Balanta, tanto en la vía pública como después de su traslado a la estación de Cazucá.
Según la imputación, dentro de las instalaciones policiales se habrían producido otras tres descargas cuando la víctima permanecía esposada, reducida en el suelo y parcialmente desvestida. El informe de necropsia documentó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica en diferentes regiones del cuerpo. La Fiscalía relacionó esas descargas con una arritmia cardíaca que provocó la muerte de Balanta.
Esta conclusión es determinante porque desplaza el debate desde una posible reacción médica inesperada hacia el análisis del uso de la fuerza y sus consecuencias letales. Los dispositivos de descarga eléctrica son considerados armas menos letales, pero su utilización puede producir lesiones graves y, en determinadas circunstancias, la muerte. Su empleo contra una persona que ya está inmovilizada exige una justificación particularmente estricta, pues desaparece o disminuye la amenaza que podría haber motivado inicialmente su utilización.
Veinte minutos pidiendo ayuda
La reconstrucción de la Fiscalía también expone presuntas omisiones durante la permanencia de Balanta en la estación policial. Según el ente investigador, Donovan permaneció aproximadamente 20 minutos en las instalaciones antes de ser trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha.
Durante ese tiempo habría manifestado dolor en el pecho y dificultades respiratorias. José Luis Guerrero, otro ciudadano retenido, habría solicitado asistencia médica para Balanta y comunicado a los uniformados el deterioro de su estado de salud.
Pese a estas advertencias, el traslado no se habría realizado inmediatamente. La Fiscalía sostiene que los policías decidieron llevarlo al hospital cuando ya había perdido el conocimiento. Según la cronología divulgada por Noticias Caracol, Donovan ingresó al centro asistencial a las 3:55 de la tarde, en estado crítico, sin pulso y con respiración agónica. Los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.
La posible falsedad en los registros policiales
La investigación también examina posibles contradicciones entre lo ocurrido durante el procedimiento y lo consignado en los documentos oficiales. Según la Fiscalía, el patrullero Giraldo Torres habría registrado que no existieron malos tratos y que se respetaron los derechos humanos de Balanta.
Por su parte, el mayor Roque Correa Yáñez, comandante de la estación de Cazucá, habría dejado constancia de que la víctima llegó en malas condiciones de salud y de que ordenó su traslado inmediato al hospital. El ente acusador considera que estos registros no corresponden con la secuencia reconstruida mediante los elementos de prueba. Por esa razón, ambos uniformados enfrentan imputaciones adicionales por falsedad ideológica en documento público.
De comprobarse estas conductas, el caso no se limitaría a las agresiones sufridas por Donovan, sino que incluiría un posible intento de alterar la versión institucional de lo ocurrido.
Cuatro policías imputados y más actuaciones por esclarecer
La Fiscalía identificó entre los uniformados procesados al patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres, al subintendente Henar Tapiero Tique, al patrullero Santiago Vargas Romero y al mayor Roque Correa Yáñez. La investigación atribuye responsabilidades diferentes según las actuaciones individuales.
A Giraldo se le señala por la utilización del dispositivo eléctrico y otras conductas. A Tapiero y Vargas se les atribuyen presuntas agresiones y omisiones frente al deber de protección. En cuanto al mayor Correa, se investiga su responsabilidad por no haber impedido las agresiones ni garantizado oportunamente la asistencia médica. Los cuatro no aceptaron los cargos imputados.
Otros reportes judiciales mencionan a más uniformados involucrados en las actuaciones investigativas, entre ellos el intendente Edwin Albeiro Morante. Sin embargo, la información consultada no permite establecer con suficiente claridad la situación procesal definitiva de todos los mencionados.
Es importante distinguir entre captura, imputación, vinculación a una investigación y condena. Hasta el momento, los hechos descritos forman parte de una investigación penal en curso y las personas procesadas conservan su presunción de inocencia.
El racismo también está bajo investigación
El componente racial ocupa un lugar central en las denuncias de la familia y en la reconstrucción presentada por la Fiscalía. Durante la audiencia se expusieron testimonios sobre insultos dirigidos contra personas afrodescendientes y expresiones que, de ser acreditadas, podrían demostrar motivaciones discriminatorias.
El representante de las víctimas solicitó evaluar la posible configuración de delitos adicionales relacionados con discriminación y hostigamiento. Este aspecto es particularmente importante porque obliga a examinar si la violencia denunciada estuvo asociada con prejuicios raciales, además de las decisiones individuales de los agentes involucrados.
La discriminación no siempre se manifiesta únicamente mediante insultos. También puede expresarse en la manera como se selecciona a las personas para intervenir, se evalúa su peligrosidad o se responde a sus solicitudes de protección. Por eso, una investigación con enfoque de derechos humanos debe esclarecer tanto los hechos materiales como las circunstancias sociales y raciales en las que ocurrieron.
¿Un caso aislado o una falla institucional?
La muerte de Donovan Balanta plantea interrogantes que superan la responsabilidad penal de los uniformados investigados.
Si una persona puede ser reducida, trasladada a una estación, sometida presuntamente a nuevas agresiones y permanecer sin asistencia médica pese a presentar señales de gravedad, también corresponde examinar los mecanismos institucionales de supervisión. La Policía Nacional tiene obligaciones específicas de protección sobre las personas que se encuentran bajo su custodia.
Estas obligaciones incluyen prevenir malos tratos, garantizar atención médica cuando sea necesaria y documentar de manera fiel los procedimientos. El esclarecimiento del caso debe determinar si los protocolos existentes fueron incumplidos, si hubo fallas en la cadena de mando y qué medidas institucionales pueden evitar hechos semejantes. La judicialización de los policías representa un avance, pero no sustituye la necesidad de evaluar las condiciones que permitieron que una intervención policial terminara con una persona muerta.
Justicia para Donovan Balanta
Donovan tenía 34 años, era padre de dos hijas y desarrollaba su vida familiar y laboral antes de los hechos del 20 de septiembre. Su muerte no puede reducirse a una cifra más dentro de las estadísticas de violencia. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades penales de los uniformados, garantizar los derechos de las víctimas y establecer si existieron conductas de tortura, discriminación y alteración de documentos oficiales.
También tendrá que responder por qué una persona que ya estaba bajo control policial no recibió la protección y atención médica que necesitaba. El caso Donovan Balanta pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para investigar y sancionar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios agentes. La confianza en las instituciones no se construye negando los abusos, sino investigándolos y garantizando que no se repitan.
