La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Ana Lucía Pineda, presentó un informe tras las presiones ciudadanas y políticas. Sin embargo, el documento no identifica a todos los donantes, presenta inconsistencias en los reportes de ayudas y deja preguntas sobre la ejecución de los recursos recaudados después del terremoto del 10 de agosto.
A casi dos meses y medio del terremoto que sacudió el suroccidente colombiano, las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, continúan generando interrogantes. Aunque la organización presentó el pasado 16 de octubre un informe de gestión sobre los recursos recaudados para atender la emergencia, nuevos análisis periodísticos revelan vacíos en la información y diferencias entre los datos divulgados.
La fundación informó que había recibido aproximadamente $54.590 millones en aportes privados. No obstante, el debate ya no gira exclusivamente alrededor del monto recaudado, sino de la procedencia de los recursos, las condiciones establecidas por los donantes y la posibilidad de verificar su destinación final.
El 23 de octubre, el portal La Silla Vacía publicó una nueva revisión sobre la organización y sus vínculos políticos, mientras que Cambio había identificado inconsistencias en el informe financiero y operativo presentado por la primera dama.
El 81 % de las donaciones proviene de una sola familia
Uno de los datos más relevantes del informe es la concentración de los aportes económicos. Según la información publicada por la fundación y contrastada por La Silla Vacía, aproximadamente el 81 % de las donaciones reportadas corresponde a la familia Gilinski, uno de los grupos empresariales más influyentes del país.
Estos recursos estarían comprometidos con proyectos de reconstrucción de tres colegios y tres centros de salud en Cali, una de las ciudades afectadas por la emergencia. La información obliga a diferenciar entre recursos recaudados, dinero disponible y aportes comprometidos para obras cuya ejecución puede extenderse durante meses.
También abre preguntas sobre los mecanismos de contratación, supervisión y seguimiento de los proyectos, especialmente cuando los principales aportantes mantienen relaciones empresariales y políticas de alto perfil. El informe no ofrece el mismo nivel de identificación sobre el 19 % restante de las donaciones, lo que impide establecer públicamente quiénes aportaron la totalidad de los recursos y bajo qué condiciones.
¿Cuánto dinero se ha gastado realmente?
La fundación asegura que los recursos económicos se encuentran depositados en entidades financieras vigiladas y que permanecen disponibles para los proyectos establecidos. Según el informe examinado por la revista Cambio, los gastos administrativos ascendían a $11.916.639, una proporción mínima frente al total reportado.
Esta información introduce una distinción importante: que los recursos no hayan sido gastados todavía no demuestra que hayan desaparecido, pero tampoco permite concluir que los proyectos de reconstrucción estén avanzando según lo previsto. Para verificarlo sería necesario contar con cronogramas, contratos, presupuestos, desembolsos y evidencias físicas de ejecución.
Además, El Espectador registró que la cifra de gastos administrativos fue corregida después de la publicación inicial del documento. La primera versión señalaba $43.016.639, mientras que la posterior presentó $11,9 millones. La diferencia exige una explicación sobre el motivo del ajuste y los criterios contables utilizados.
Las inconsistencias en las ayudas humanitarias
Las dudas también alcanzan la información operativa. La fundación reportó la distribución de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria para más de 48.000 personas en 80 municipios de ocho departamentos.
Sin embargo, la revista Cambio encontró que la cantidad era inferior a las 5.755,1 toneladas anunciadas previamente por la propia primera dama durante el balance del primer mes. La diferencia supera las 100 toneladas y requiere aclarar si obedece a una actualización del inventario, un cambio de metodología o errores de registro.
También existen discrepancias en los datos de atención psicológica. Mientras el informe menciona más de 4.500 citas virtuales, una gráfica incluida en el mismo documento registra 118 citas atendidas y 103 personas afectadas inscritas. Estas inconsistencias no prueban por sí mismas una apropiación irregular de recursos, pero afectan la posibilidad de evaluar los resultados de una operación humanitaria presentada públicamente como una respuesta de gran alcance.
Una fundación privada con conexiones políticas
La investigación de La Silla Vacía publicada el 23 de octubre también identificó la participación de mujeres que hicieron parte de la estructura de campaña del movimiento Defensores de la Patria, vinculado al presidente Abelardo de la Espriella. Según el medio, algunas sedes regionales del movimiento fueron utilizadas para apoyar la logística de recolección de ayudas.
Este hallazgo plantea un interrogante sobre la separación entre la actividad humanitaria, las estructuras de organización política y la imagen pública del Gobierno. La participación de personas vinculadas a una campaña electoral no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando una fundación presidida por la esposa del mandatario administra donaciones de gran magnitud, resulta legítimo examinar cómo se delimitan las actividades privadas, políticas e institucionales.
¿La ley obliga a rendir cuentas?
La fundación ha señalado que es una entidad privada sin ánimo de lucro y que no ha recibido recursos públicos. La DIAN confirmó que su documentación tributaria se encuentra en regla y que está habilitada para recibir donaciones bajo el régimen correspondiente.
No obstante, estar formalmente constituida no significa que su gestión financiera haya sido auditada o que se hayan verificado todos los proyectos anunciados. En Colombia, las entidades sin ánimo de lucro deben cumplir obligaciones contables, tributarias y de supervisión, según su naturaleza y régimen jurídico. La Ley 1712 de 2014 también contempla obligaciones de acceso a información para determinados particulares, especialmente cuando reciben o administran recursos públicos o ejercen funciones públicas.
Por ello, la obligación de publicar información financiera completa no puede establecerse automáticamente por el solo hecho de recibir donaciones privadas. Tampoco puede confundirse la ausencia de un deber general de divulgación pública con la inexistencia de controles estatales.
La dimensión política del caso exige un estándar de transparencia especialmente riguroso, aunque no toda exigencia ciudadana equivalga a una obligación legal específica.
¿Y los dos billones de pesos?
En redes sociales y debates políticos han circulado estimaciones que elevan la recaudación de ayudas hasta los dos billones de pesos. Sin embargo, no se encontró documentación verificable suficiente que permita afirmar que esa cantidad haya ingresado a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.
Es indispensable distinguir entre las donaciones canalizadas por esta organización, las contribuciones empresariales entregadas directamente a otras entidades, los anuncios de inversión y los compromisos de reconstrucción asumidos por el Estado. Sumar todas estas categorías como si fueran ingresos de la fundación produciría una cifra engañosa. El cuestionamiento periodístico debe concentrarse en los recursos efectivamente identificados y en la documentación que permita rastrearlos.
La transparencia debe llegar hasta los damnificados
La reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto no puede medirse únicamente por comunicados, fotografías de entregas o cifras generales de donaciones. Las comunidades necesitan conocer cuáles proyectos se ejecutarán, quiénes serán sus beneficiarios, cuánto costarán y cuándo estarán terminados.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas dio un primer paso al presentar un informe, pero las inconsistencias y omisiones identificadas por distintos medios muestran que todavía existe información relevante por aclarar. La solidaridad de miles de colombianos merece un seguimiento que vaya más allá de las disputas entre el Gobierno y la oposición. La pregunta ya no es solamente cuánto dinero se recaudó, sino cuánto de lo prometido se está convirtiendo en soluciones concretas para las personas que perdieron sus viviendas, sus escuelas y sus medios de subsistencia.
