Hay líderes que convencen con los hechos y otros que conmueven con la palabra. Gustavo Petro pertenece, sin duda, a los segundos. Pocos políticos en la historia reciente de Colombia han tenido la capacidad de explicar las desigualdades del país con la profundidad, la sensibilidad y la fuerza con que él lo hace. Sus discursos han logrado interpretar el dolor de millones de colombianos que durante décadas sintieron que nadie hablaba de ellos. Esa ha sido, probablemente, una de sus mayores virtudes.
Pero gobernar exige mucho más que tener razón en el diagnóstico. Exige construir equipos, administrar, coordinar, escuchar y ejecutar. Y ahí es donde aparece la principal contradicción de un gobierno que despertó enormes expectativas de cambio, pero que en demasiadas ocasiones terminó perdiéndose entre anuncios, reuniones, consejos de ministros y discursos que no siempre lograron convertirse en resultados.
No es una situación nueva. Quienes siguieron de cerca la Alcaldía de Bogotá recordarán que una de las mayores críticas a esa administración fue precisamente la dificultad para convertir las ideas en ejecución. Hoy, al finalizar su paso por la Presidencia, esa sensación vuelve a repetirse. El problema nunca pareció ser la falta de visión, sino la capacidad para llevarla a la práctica.
A ello se suma un rasgo que ha acompañado a Petro durante buena parte de su carrera política: la compleja relación con quienes lo rodean. A lo largo de los años muchos aliados cercanos terminaron convertidos en contradictores o alejados de su círculo de confianza. Esa dinámica volvió a aparecer durante su gobierno, donde las tensiones internas fueron constantes y, en ocasiones, públicas.
El episodio que mejor retrata esa situación fue el Consejo de Ministros televisado del 4 de febrero de 2025. Colombia observó durante varias horas un gobierno dividido, ministros cuestionando decisiones de la Presidencia, diferencias profundas por el regreso de Armando Benedetti y críticas abiertas al poder que había acumulado Laura Sarabia. El propio presidente reconoció entonces que buena parte de los compromisos de gobierno seguían sin cumplirse.
Más allá de la polémica política, aquel episodio dejó una reflexión de fondo: un gobierno no puede funcionar si su máximo dirigente no mantiene una comunicación efectiva con quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas. Muchas de las renuncias, conflictos y desencuentros que marcaron estos cuatro años probablemente pudieron evitarse con mayor diálogo interno, instrucciones claras y una mejor coordinación.
También abrió interrogantes sobre la forma en que se distribuyó el poder dentro del Ejecutivo. Durante estos años varias personas llegaron a ocupar cargos de enorme responsabilidad sin contar con una trayectoria administrativa ampliamente reconocida para los retos que debían asumir. En algunos casos el problema no fue la formación académica, sino la escasa experiencia en la gestión de sectores altamente complejos.
La discusión no consiste en negar la posibilidad de que nuevas generaciones lleguen al poder. Toda democracia necesita renovación. Lo que resulta legítimo cuestionar es si los criterios para esos nombramientos respondieron siempre al mérito, la experiencia y la capacidad de gestión, especialmente cuando de esas decisiones dependía la ejecución de reformas que millones de ciudadanos esperaban.
El caso de Laura Sarabia simbolizó buena parte de ese debate. Más allá de cualquier responsabilidad jurídica —que solo pueden establecer las autoridades competentes—, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria alcanzó semejante nivel de influencia dentro del Gobierno y cuáles fueron los controles institucionales que permitieron esa concentración de poder. Hoy, nuevas controversias alrededor de otros nombres cercanos al Ejecutivo vuelven a poner esa discusión sobre la mesa y deberán ser esclarecidas con transparencia y respeto por el debido proceso.
En una democracia madura, la responsabilidad política no desaparece porque un gobernante tenga buenas intenciones. Así como durante años se ha exigido responsabilidad política a otros expresidentes por hechos ocurridos bajo sus administraciones, el presidente Petro también debe responder políticamente por las decisiones tomadas durante su mandato y por las personas en quienes decidió depositar su confianza.
Eso no significa desconocer los avances de este gobierno. Sería injusto hacerlo. Durante estos años se impulsaron reformas sociales, se amplió el debate sobre la desigualdad, se fortalecieron políticas dirigidas a sectores históricamente excluidos y se instalaron discusiones que difícilmente desaparecerán del escenario público colombiano. Esa también forma parte de su legado.
Sin embargo, precisamente porque el proyecto prometía transformar la política, los estándares éticos debían ser aún más altos. El cambio no consistía únicamente en reemplazar a quienes gobernaban, sino en gobernar de otra manera. Cuando las prácticas terminan pareciéndose a aquellas que durante décadas fueron criticadas desde la oposición, la decepción resulta inevitable para muchos de quienes depositaron su confianza en ese proyecto político.
Apoyar un gobierno nunca debería significar renunciar a la crítica. Tampoco oponerse implica desconocer sus aciertos. La democracia necesita ciudadanos capaces de valorar lo que funciona y señalar con la misma firmeza aquello que consideran equivocado, sin importar quién ocupe el poder.
Colombia necesita abandonar la lógica de los caudillos. Ningún dirigente merece indulgencia automática por pertenecer al sector político con el que simpatizamos. La corrupción, el abuso de poder, el clientelismo o las malas decisiones deben ser cuestionadas provengan de la derecha, del centro o de la izquierda.
Al final, quizás la mayor enseñanza que deja el gobierno de Gustavo Petro sea esa paradoja. Demostró que era posible abrir debates que durante años parecían imposibles, pero también recordó que las transformaciones sociales no dependen únicamente de tener razón ni de pronunciar grandes discursos. Requieren instituciones sólidas, equipos competentes, transparencia, capacidad administrativa y una gestión pública eficaz.
Petro tuvo, en numerosas ocasiones, la lucidez para identificar los problemas del país. Pero gobernar exige, además, elegir bien a las personas, construir confianza y convertir las ideas en resultados. Porque la historia no cambia únicamente con la palabra. También se cambia desde la administración cotidiana del Estado.
Esta columna expresa la opinión de su autor y no compromete la posición editorial de El Margen Público.
