Una de las leyes más importantes aprobadas en Colombia para proteger a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio podría enfrentar una grave crisis de implementación. Organizaciones de víctimas y familiares advirtieron que la Ley 2530 de 2025, conocida como la Ley de Huérfanos por Feminicidio, corre el riesgo de entrar en un limbo jurídico debido a que el Gobierno Nacional aún no ha expedido el decreto reglamentario que permita poner en marcha plenamente las medidas contempladas en la norma.
La alerta fue emitida por la Organización de Huérfanos por Feminicidio en Colombia (HUFAFEM), que expresó su preocupación ante la proximidad del 20 de junio, fecha en la que culminan las funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad como entidad encargada de liderar la implementación de la ley, sin que exista hasta ahora un decreto que defina con claridad la transición institucional y las competencias de las entidades responsables.
Una ley para reparar a las víctimas invisibles
La Ley 2530 de 2025 fue sancionada el 5 de agosto de 2025 con el propósito de garantizar protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 25 años que hayan perdido a su madre o cuidadora legal como consecuencia de un feminicidio. La norma contempla apoyos económicos, atención psicológica, acompañamiento jurídico, acceso preferencial a educación, salud, cultura, deporte y programas de empleabilidad.
Además, la ley reconoce por primera vez en Colombia a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio como sujetos de especial protección por parte del Estado, entendiendo que la violencia feminicida no termina con el asesinato de una mujer, sino que deja profundas consecuencias en quienes sobreviven.
Retrasos que generan incertidumbre
Según la organización de familiares y víctimas, el Gobierno Nacional se había comprometido a expedir la reglamentación de la ley antes del 5 de febrero de 2026. Sin embargo, a pocos días de que finalicen las funciones del Ministerio de Igualdad, dicha reglamentación aún no ha sido publicada.
La situación resulta especialmente preocupante porque varios aspectos fundamentales de la ley dependen de esa reglamentación para hacerse efectivos. Entre ellos se encuentran los mecanismos para acreditar la condición de beneficiario, la asignación de ayudas económicas, la coordinación entre entidades y la operación del registro nacional de huérfanos por feminicidio. La propia ley establece que varios procedimientos deberán definirse mediante reglamentación gubernamental.
No obstante, el Ministerio de Igualdad informó recientemente que venía adelantando mesas técnicas con entidades del Estado, organizaciones sociales y familiares de víctimas para construir de manera participativa el decreto reglamentario. Según la cartera, desde febrero de 2026 se realizaron al menos 16 mesas de trabajo para avanzar en la construcción de rutas de atención y protección para esta población.
Las consecuencias para cientos de familias
De acuerdo con HUFAFEM, la falta de reglamentación podría traducirse en una vulneración directa de derechos para cientos de niños, niñas y adolescentes que actualmente esperan acceder a los beneficios establecidos por la ley.
La organización recuerda que, en promedio, cada día al menos dos menores de edad en Colombia quedan huérfanos como consecuencia de la violencia feminicida. Sin una reglamentación clara, muchas familias cuidadoras continúan asumiendo en soledad los costos económicos, emocionales y sociales derivados de estos crímenes.
Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:
- La demora en la entrega de apoyos económicos y asistenciales.
- La ausencia de una entidad claramente responsable de coordinar la implementación.
- La posible fragmentación de las competencias institucionales.
- El riesgo de revictimización de los menores y sus familias.
- La profundización de condiciones de pobreza y exclusión social.
Un llamado urgente al Estado
La organización de huérfanos por feminicidio hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la República y al Congreso para que se garantice de manera inmediata la continuidad institucional, el presupuesto y la asignación formal de competencias necesarias para la implementación de la Ley 2530.
El reclamo se fundamenta en el principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, reconocido tanto por la Constitución como por la propia ley, que obliga al Estado a priorizar la protección de esta población.
Más allá de las discusiones administrativas, el debate pone sobre la mesa una realidad dolorosa: detrás de cada feminicidio existen hijos e hijas que también son víctimas de la violencia. La incertidumbre sobre la aplicación de la Ley 2530 amenaza con dejar sin respuesta a quienes justamente esta norma buscaba proteger.
Mientras el país avanza en el reconocimiento de los impactos del feminicidio sobre las familias y las comunidades, las organizaciones de víctimas insisten en que la reglamentación no puede seguir aplazándose. Para ellas, garantizar los derechos de los huérfanos por feminicidio no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social que Colombia aún tiene pendiente.
