Por Elkin Calvo | El Margen Público
Una investigación periodística de Señal Investigativa, realizada por Señal Colombia y Revista RAYA, volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión que atraviesa buena parte de los territorios mineros de Colombia: ¿quién se queda con la riqueza del oro y qué pasa con las comunidades que históricamente han vivido de su extracción?
El trabajo periodístico, titulado El oro sucio que salpica a Abelardo de la Espriella y a su exsocio, recoge testimonios de campesinos y comunidades afrodescendientes del sur de Bolívar que denuncian haber sido desplazados de la explotación de la llamada Mina Walter, un yacimiento aurífero ubicado en la Serranía de San Lucas.
Según la investigación, la mina fue trabajada durante años por pequeños mineros organizados en formas comunitarias de producción. Sin embargo, con el paso del tiempo se inició una compleja disputa jurídica y empresarial que terminó trasladando el control de la explotación hacia una empresa privada.
Los reportajes señalan que en ese proceso habría intervenido el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, actual candidato presidencial, a través de Daniel Peñarredonda, empresario identificado por las investigaciones como amigo y exsocio del reconocido abogado.
Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con las denuncias sobre presuntos vínculos entre algunas de las personas relacionadas con la empresa beneficiaria y familiares de antiguos integrantes de estructuras paramilitares que tuvieron presencia en el sur de Bolívar durante los años más duros del conflicto armado.
Las comunidades consultadas por los periodistas sostienen que la transformación de la organización minera original hacia una empresa privada terminó favoreciendo intereses ajenos al territorio y reduciendo la participación de quienes históricamente habían trabajado la mina.
La investigación también expone cuestionamientos sobre el cumplimiento de decisiones administrativas y judiciales relacionadas con la protección de la minería artesanal y los derechos de las comunidades étnicas presentes en la zona.
Hasta el momento, los señalamientos hacen parte de una investigación periodística sustentada en documentos, testimonios y registros empresariales. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales derivadas de los hechos denunciados.
Más allá de los nombres propios, el caso vuelve a abrir un debate de fondo sobre el futuro de la minería en Colombia, la protección de los territorios rurales y el derecho de campesinos y comunidades afrodescendientes a participar de manera justa en la riqueza generada por los recursos naturales.
Mientras avanzan las investigaciones y continúan las controversias, en el sur de Bolívar persiste una pregunta que las comunidades vienen haciendo desde hace años: ¿quién se beneficia realmente del oro que sale de sus montañas?
