Bogotá enfrenta una preocupante crisis en la atención de su población mayor. Mientras la ciudad avanza rápidamente hacia el envejecimiento demográfico, miles de adultos mayores sobreviven en medio del abandono, la violencia, la pobreza y la falta de respuestas institucionales efectivas.
La alerta fue expuesta por el concejal indígena Óscar Bastidas Jacanamijoy, quien advirtió que envejecer en la capital se está convirtiendo en un riesgo para muchas personas, especialmente para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.
Actualmente, 1.165 personas mayores viven en condición de calle en Bogotá, una cifra que refleja no solo la precariedad económica, sino también la ausencia de rutas claras que permitan a esta población salir de manera definitiva de esa situación. A esto se suma una realidad aún más compleja: miles enfrentan violencia intrafamiliar, abandono y serias dificultades para acceder a apoyos básicos.
Entre 2020 y 2025 se reportaron más de 11.500 casos de violencia intrafamiliar contra personas mayores, de los cuales el 71 % corresponde a mujeres, lo que evidencia una profunda problemática de violencias basadas en género dentro del entorno familiar.
La situación en salud mental también genera preocupación. Solo en 2025 se registraron 222 intentos de suicidio y 53 suicidios consumados entre personas mayores, lo que representa un aumento cercano al 29 % frente al año anterior. Las cifras reflejan un escenario de soledad, exclusión y falta de acompañamiento institucional.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ausencia de información real sobre la demanda de apoyos económicos. Actualmente, no existe una lista de espera consolidada que permita saber cuántas personas mayores necesitan subsidios o asistencia social, lo que deja una demanda invisible que no está siendo atendida ni siquiera medida.
La preocupación crece al revisar el manejo de los recursos públicos. La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor ha recaudado más de 794 mil millones de pesos, pero la cobertura sigue siendo insuficiente y los resultados no parecen reflejarse en mejores condiciones de vida para esta población.
También persisten fallas en la atención a las violencias basadas en género, especialmente por la falta de trazabilidad de los casos y el débil seguimiento judicial, lo que profundiza la impunidad y la revictimización.
En materia de enfoque diferencial, las cifras también muestran rezagos importantes. Apenas 511 personas mayores indígenas han sido atendidas, lo que evidencia barreras persistentes de acceso y una limitada respuesta institucional frente a las necesidades específicas de comunidades étnicas.
El panorama se agrava si se observa el contexto demográfico de la ciudad. Bogotá ya registra 79 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, una señal clara del acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta la capital.
Sin embargo, este cambio ocurre en medio de profundas brechas sociales: bajos niveles educativos, limitada conectividad, alta vulnerabilidad económica y una política pública que no logra responder con suficiencia a las necesidades reales de quienes envejecen.
La advertencia es contundente: una ciudad que no protege a sus personas mayores está fallando en su deber más básico de cuidado y dignidad. Más allá de las cifras, el debate pone sobre la mesa una pregunta urgente sobre el tipo de ciudad que Bogotá quiere construir para quienes han sostenido su historia y hoy enfrentan el riesgo del olvido.
