Una compleja situación social se vive este miércoles en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, donde cerca de 98 familias enfrentan una diligencia de lanzamiento ordenada por un juzgado de Bogotá. La medida, que inició a las 8:00 de la mañana, podría significar la pérdida de viviendas construidas durante más de 18 años por esta comunidad.
La decisión judicial responde a un proceso que ordena la restitución del predio a la empresa Sotrandes S.A., reconocida como propietaria del terreno. La diligencia está siendo ejecutada por la Inspección de Policía de Paz y Convivencia 7-A, en cumplimiento de un fallo de tutela emitido en septiembre de 2024 y de actuaciones posteriores dentro de un incidente de desacato.
Las familias afectadas aseguran haber consolidado en este territorio no solo sus viviendas, sino proyectos de vida comunitarios, sociales y familiares. En ese sentido, advierten que el desalojo podría desencadenar una crisis humanitaria, con impactos en niños, personas mayores y población vulnerable.
El escenario genera preocupación por posibles tensiones en el territorio. Líderes comunitarios han señalado que la medida, tal como está planteada, podría derivar en confrontaciones y afectar la convivencia en la zona.
Desde la comunidad y distintos sectores se han planteado alternativas para evitar que el desalojo se traduzca en desarraigo. Entre las propuestas se destacan:
- La realización de un censo integral que permita identificar a las familias, especialmente a aquellas que habrían sido víctimas de estafa.
- La gestión de subsidios de vivienda y procesos de reubicación digna, evitando la expulsión de las familias fuera de la localidad.
- La búsqueda de mecanismos que permitan la adquisición del predio por parte de los habitantes, según sus capacidades económicas.
- La garantía de soluciones habitacionales adecuadas, que superen modelos reducidos y respondan a las condiciones reales de las familias.
Asimismo, se ha hecho un llamado directo a la empresa propietaria para privilegiar el diálogo y construir salidas concertadas que eviten una crisis mayor.
Por su parte, la Alcaldía Local de Bosa ha señalado que actúa como articuladora institucional y que no tiene competencia directa en la ejecución del desalojo, el cual corresponde a autoridades judiciales y policivas.
La administración local informó que ha adelantado mesas interinstitucionales, censos y procesos de caracterización en los últimos años, con el fin de coordinar la oferta institucional para la población afectada. Sin embargo, aclaró que estas acciones no tienen carácter vinculante frente a la decisión judicial.
Para la jornada se dispuso la participación de entidades distritales y nacionales, así como organismos de control, fuerza pública y equipos de atención social, con el objetivo de acompañar el proceso.
Lo que ocurre en El Remanso no es un caso aislado. Refleja tensiones profundas entre el derecho a la propiedad, las dinámicas de acceso a la vivienda y las condiciones de vulnerabilidad de sectores populares en Bogotá.
Mientras avanza la diligencia, la comunidad insiste en un mensaje claro: la necesidad de soluciones que prioricen la vida digna por encima del desalojo.
