En un hecho sin precedentes para la comunicación comunitaria, alternativa en Colombia, hoy fue radicado en la Secretaría General del Senado de la República el Proyecto de Ley 128 de 2025, más conocido como la Ley de Tercios, una iniciativa que podría transformar de raíz la distribución de la pauta oficial del Estado.
El proyecto, impulsado por el senador Robert Daza Guevara, del Pacto Histórico, propone que el 100 % del presupuesto destinado a publicidad institucional se reparta en tres partes iguales entre medios comunitarios y alternativos, públicos y privados. Una fórmula simple, pero de enorme impacto: equidad para garantizar pluralidad informativa y fortalecer la democracia desde los territorios.
“Esta ley es una herramienta para la inclusión, la diversidad y el fortalecimiento del derecho ciudadano a estar informado”, señaló el senador Daza durante el acto de radicación.
La propuesta retoma una demanda histórica de los medios en todo el país que, durante décadas, han luchado por un acceso justo a los recursos públicos de comunicación. En el pasado, iniciativas similares fueron bloqueadas por falta de voluntad política. Hoy, ese sueño vuelve a tomar fuerza.
“Esta iniciativa nació desde las comunidades, desde los medios de los municipios, desde el acumulado de los medios alternativos de Bogotá y Medellín, que día a día luchan por sostenerse”, recordó Rodrigo H. Acosta Barrios, presidente de la CCC.
La pauta oficial no es menor: entre 2016 y 2020, se invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en publicidad estatal, concentrados principalmente en grandes medios urbanos. Solo entre 2020 y 2022, la Alcaldía de Bogotá destinó más de 81.500 millones, y Barranquilla superó los 94.000 millones en el mismo periodo. Durante los gobiernos de Santos y Duque, el gasto en eventos y publicidad superó los 2 billones de pesos.
El problema es que la mayoría de esos recursos no llegaron a los medios comunitarios, dejando por fuera voces territoriales y procesos comunicativos que garantizan la participación ciudadana y la diversidad informativa.
La radicación del proyecto fue acompañada por representantes de medios comunitarios de todo el país, quienes manifestaron su apoyo total. María Alejandra Pérez, presidenta de Una Colombia, resaltó que esta es una oportunidad histórica para corregir las inequidades y dar voz a quienes nunca la han tenido en igualdad de condiciones.
La Ley de Tercios también responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que han advertido que la concentración de pauta en pocos medios constituye una forma de censura indirecta, al condicionar la libertad editorial según los intereses del poder político o económico.
“La exclusión de la pauta oficial es una forma de censura y discriminación. Este proyecto defiende el derecho a comunicar, no solo de los medios, sino de las comunidades que representan”, subrayó el senador Daza.
Ahora, el proyecto deberá surtir su primer debate en la Comisión Sexta del Senado. Aunque el panorama político es complejo por el ambiente preelectoral, sus promotores insisten en que esta no es una ley partidista, sino una apuesta por la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Colombia se pondría así a tono con países como Ecuador, que reserva un 34 % de la pauta para medios comunitarios, y enviaría un mensaje claro al mundo: la comunicación es un derecho, no un privilegio.
