La Corte Suprema de Justicia declaró culpable en primera instancia al general retirado Rodolfo Palomino Bautista López, quien fue director de la Policía Nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que reafirma su cercanía con ese sector político. El fallo lo responsabiliza del delito de tráfico de influencias, al comprobar que utilizó su cargo para presionar indebidamente a la Fiscalía en beneficio de intereses privados. El caso gira en torno al empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado por la justicia de haber actuado en alianza con paramilitares para despojar de sus tierras a cientos de familias campesinas en Córdoba y Sucre, operaciones que se camuflaron a través del Fondo Ganadero de Córdoba.
En medio de esas investigaciones, Palomino intervino directamente para intentar detener las órdenes de captura contra Gallo. La fiscal encargada del caso, Sonia Velásquez, recibió en su propia casa la visita del entonces director de la Policía, acompañado del director de la DIJIN, Jorge Enrique Rodríguez. En la reunión, Palomino le pidió abiertamente que frenara la medida judicial, insistiendo en la supuesta relevancia social y política del empresario. La fiscal, sin embargo, decidió grabar la conversación con su celular, y ese registro terminó convirtiéndose en la prueba reina que lo hundió judicialmente. En un primer audio se escucha a Palomino solicitando que no se ejecutara la captura, y en una segunda grabación, tomada después de que la fiscal se negara a ceder, se evidencian amenazas e intimidaciones para forzarla a cambiar su decisión.
A pesar de las presiones, la fiscal Velásquez se mantuvo firme y expidió la orden de captura contra Gallo, que se materializó en 2014 en el aeropuerto El Dorado. Con base en estas pruebas, la Corte Suprema concluyó que Palomino abusó de su poder y afectó gravemente la confianza ciudadana en la administración pública. Aunque el fallo aún no está en firme y el general permanece en libertad hasta que se dicte la sentencia definitiva, la condena podría ir de cinco a doce años de prisión, y con el agravante de haber cometido los hechos en ejercicio de su cargo, la pena podría alcanzar hasta los dieciocho años, decisión que hoy estudia el juez.
Este proceso no solo revela la conducta de un general uribista que intentó torcer la justicia, sino que refleja cómo han actuado los poderosos en Colombia, donde el amiguismo, las influencias políticas y los favores entre élites han primado sobre el cumplimiento de la ley. Es la manera en que, por años, se ha manipulado la justicia para favorecer a los cercanos al poder, mientras las víctimas han debido cargar con las consecuencias. Sin embargo, este fallo también demuestra que la justicia puede abrirse camino, que el valor de una fiscal que se negó a ceder ante las presiones puede marcar la diferencia, y que ningún uniforme ni apellido ilustre puede estar por encima de la ley.
La condena contra Palomino es un precedente importante y un recordatorio de que la moral pública no se negocia: la ley es para todos, y tarde o temprano, la justicia alcanza a quienes creen estar por encima de ella.
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*Comunicador social con énfasis en educación, magíster en comunicación–educación con énfasis en cultura política e investigador doctoral en estudios sociales, en la línea de subjetividades, diferencias y narrativas con énfasis en cuerpos, tecnociencias y digitalización de la Vida. Profesor universitario y autor del libro YouTube como ecosistema comunicativo.
