Por: Gustavo Petro.
Senadora Paloma Valencia, frente a sus palabras en este debate público le respondo con hechos. El debate abierto es político, y ahí el problema no es lo que yo opine de usted, sino lo que usted misma ha dicho sobre los falsos positivos:
El 24 de agosto de 2021 escribió: “Jamás hubo una política de Estado para asesinar inocentes. Todo el respaldo a las Fuerzas Armadas…” (clic en la imagen para ver el contenido)
Cuando una senadora niega que hubiera “política de Estado” justo frente a los casos que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no está haciendo un simple matiz técnico: está reforzando la vieja tesis de las “manzanas podridas” y desmarcando a la cadena de mando y a las instituciones de una responsabilidad que la justicia ya empezó a reconocer.
En el debate sobre Dabeiba, por ejemplo, un portal especializado en justicia transicional recoge cómo se habló de “falsos positivos falsos” y de un supuesto “sesgo político” de la JEP (clic en la imagen para ver el contenido)
ver también su trino:
Poner en duda que allí hubo ejecuciones extrajudiciales, insinuar montajes y etiquetar a la JEP como tribunal “politizado” no solo erosiona la confianza en la justicia transicional: también deja a las familias de las víctimas bajo la sospecha de estar prestándose para una maniobra, como si sus muertos fueran parte de una estrategia y no de un crimen. Eso es como tirar a una bolsa de basura las historias y las duras realidades de las víctimas.
En 2023, mientras el general Torres reconocía responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, usted afirmó que “la JEP es un lavadero de crímenes” (clic en la imagen para ver el contenido)
Senadora, llamar “lavadero” al escenario donde militares reconocen lo que hicieron y le piden perdón a las víctimas no es una crítica política ni jurídica: es un mensaje incompatible con los fines del Estado que trivializa las confesiones, desacredita el único espacio donde el Estado está diciendo la verdad sobre estos crímenes y les dice, en la práctica, a las víctimas que, si aceptan la justicia transicional y la verdad, estarían participando en una farsa.
Frente a esa realidad, y por respeto a las víctimas que defiendo y a la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, dejo una precisión que no admite dudas para que no se desvíe más la atención sobre el debate de fondo: los llamados “falsos positivos” se concentraron entre 2002 y 2008, cuando usted aún no era congresista, lo es desde 2014. Por tanto, no le atribuyo participación directa ni responsabilidad penal en esos crímenes, ni usted ha sido investigada o condenada por ellos.
En ese marco, y para que ninguna expresión mía sirva para desviar el foco de lo que es verdaderamente valioso, la verdad y las víctimas, hacia una imputación personal que no se ajusta a los hechos, rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”, una formulación desproporcionada que afectó su honra. Mi desacuerdo con usted permanece en el plano político y ético, no en el penal.
Y es que, frente a estos hechos, no hablamos de cifras abstractas. La JEP ha documentado datos aproximados de 6.402 personas ejecutadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 (Macrocaso 03) (clic en la imagen para ver el contenido)
Senadora, ellos no eran hijos de las élites: eran sobre todo jóvenes pobres de estratos 1 y 2, campesinos y muchachos de barrios periféricos como Soacha, reclutados con ofertas de trabajo que nunca existieron y devueltos a sus familias en ataúdes, vestidos de camuflado. (clic en la imagen para ver el contenido)
Cuando, frente a esa realidad, se niega la sistematicidad, se habla de “falsos positivos falsos” o se reduce la justicia transicional a un “lavadero”, lo que se está haciendo es bajar el volumen del grito de sufrimiento de esas madres y de esos padres.
