En un giro político delicado, el alcalde Carlos Fernando Galán y el director de la UAESP han confirmado que, desde el 12 de febrero de 2026, el servicio público de aseo en Bogotá será operado bajo un modelo de libre competencia. Esta revelación da razón a las denuncias hechas en atento debate de control político por la concejal Heidy Sánchez, quien advierte que el cambio podría dejar en abandono a los sectores populares y zonas de difícil acceso.
Según la concejal Sánchez, lo que inicialmente fue presentado como una incapacidad de la administración para renovar contratos sería en realidad una estrategia deliberada para abrir el mercado a operadores privados que elegirán los territorios más rentables, dejando al distrito con la carga de atender las zonas remotas o con menores ingresos.
Aunque la Ley 142 de 1994 reconoce la libertad de competencia en servicios públicos, Bogotá presenta condiciones especiales que justifican la existencia de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) — un esquema que obliga al operador a cubrir toda el área asignada, garantizando universalidad, continuidad y calidad, incluso donde operar es menos rentable. En contraste, bajo libre competencia las empresas podrían decidir dónde prestar el servicio, debilitando la cobertura en barrios periféricos.
Sánchez reprocha que la estrategia para impulsar la transición al nuevo modelo consistió en presentar ante la comisión reguladora (CRA) una petición deficiente, buscando que la entidad la rechazara y adjudicar culpas a la nación, mientras los verdaderos intereses se orientan a privatizar el negocio con garantía de ganancias. Según la concejal, esta hoja de ruta beneficia el mercado y abandona los derechos de la población más vulnerable.
En respuesta, la concejal hace un llamado urgente al alcalde y a la UAESP para fortalecer la empresa pública, permitirle competir en condiciones reales, y plantear un modelo de servicio digno que incluya:
- Remuneración justa para recicladores de oficio,
- Implementación del programa Basura Cero y fortalecimiento de la economía circular,
- Cobertura universal con especial atención a zonas aisladas,
- Transparencia y garantías en el proceso regulatorio, conforme al artículo 6 de la Ley 142.
Finalmente, la concejal Sánchez advierte a las autoridades de control — Contraloría, Personería, Superintendencia de Servicios Públicos y Ministerio de Vivienda — para que vigilen que esta transición no vulnere el derecho al aseo como servicio esencial. “La ciudad no está en venta”, insiste
