El paro minero comenzó el 4 de agosto de 2025 en Boyacá con carácter indefinido, convocado por pequeños y medianos mineros del carbón térmico, metalúrgico y oro artesanal. Protestan por “políticas asfixiantes” del Gobierno nacional, incumplimientos de empresas como Gensa y Enel, así como decisiones gubernamentales como la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, que han golpeado su supervivencia económica.
Según otro medios como El Olfato.com Las protestas se concentraron en vías estratégicas como Ubaté–Simijaca, Otanche–Chiquinquirá, y entre Duitama, Sogamoso, Paipa y San Pablo de Borbur, bloqueando puntos vitales para la movilidad, el transporte de carga, el abastecimiento y el acceso a servicios médicos.
Entre las demandas de los manifestantes están la formalización real, la revisión del sistema de regalías, la apertura de mercados de exportación de carbón, la eliminación de nuevas cargas impositivas, y seguridad jurídica y reconocimiento de sus prácticas tradicionales.
El 6 de agosto, bajo la coordinación de la viceministra Sandra Muñoz, miembros del Ministerio de Trabajo sostuvieron una mesa de diálogo en Tunja con guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de esmeraldas. De esta reunión surgió una agenda común, se desbloquearon seis de los nueve puntos de bloqueo, y se creó una ruta de trabajo con diez compromisos concretos.
Paralelamente, en Paipa, el Gobierno y los líderes mineros llegaron a un preacuerdo que luego fue formalizado por el presidente Gustavo Petro la noche del 7 de agosto, anunciando el fin del paro y enfatizando el compromiso con una transición energética responsable para la pequeña minería del carbón en Boyacá.
El ministro Edwin Palma calificó el proceso como resultado de un diálogo constructivo y no represivo, reconociendo el valor del trabajo artesanal y anunciando un foro público abierto en Paipa para seguir avanzando en las propuestas gubernamentales. El acuerdo incluye puntos como la no imposición de IVA ni nuevos gravámenes, condiciones favorables para el pago de deudas de renta anticipada, revisión de regalías, establecimiento de mesas técnicas con la Agencia Nacional de Minería y apertura de nuevos mercados internacionales.
Entre el 4 y el 7 de agosto de 2025, el paro minero en Boyacá evolucionó desde bloqueos críticos hasta la materialización de una agenda de diálogo. El resultado: el levantamiento del paro tras compromisos estructurales sobre transición energética, formalización, alivio fiscal y garantías laborales. Las próximas etapas implican transformar el contenido de los acuerdos en realidades palpables, con la expectativa de que el diálogo continúe siendo el camino para sostener la paz social y económica en las regiones mineras del país.
El escenario en Boyacá muestra que, aunque el Gobierno resalta avances en el diálogo con los mineros, la tensión social se extiende a otros sectores como el campesinado, que mantiene bloqueada la vía Tunja–Bogotá. Durante la primera sesión de la mesa de diálogo con el Ejecutivo, los voceros campesinos acusaron al Estado de incumplir acuerdos pactados desde diciembre de 2024, los cuales —según afirman— fueron pospuestos durante meses pese a haber surgido también en un contexto de movilizaciones.
Roberto Arango, representante del gremio, expuso un rechazo frontal a las políticas gubernamentales sobre protección ambiental y delimitación de fronteras agrícolas. Para ellos, tales medidas, aunque enmarcadas en discursos de sostenibilidad, atentan directamente contra su sustento, ya que limitan la posibilidad de cultivar o ejercer la ganadería. Su mensaje fue tajante: no aceptarán procesos de reconversión ni sustitución de cultivos, y se oponen a los programas de pago por servicios ambientales o subsidios estatales, a los que tildan de asistencialistas. En sus palabras, “queremos trabajar, pero que nos dejen trabajar”.
El discurso de Arango también puso sobre la mesa un profundo malestar con la institucionalidad ambiental. Advirtió que el nombramiento de “guardapáramos” podría convertirse en un mecanismo de vigilancia y señalamiento contra los campesinos, a quienes ya —denunció— se les presume responsables de daño ambiental sin pruebas concretas. Según él, esta doble moral jurídica revierte el principio de presunción de inocencia y convierte las actividades productivas rurales en un campo de criminalización. Este choque de visiones entre la agenda gubernamental y la realidad productiva de las comunidades rurales refleja que, más allá del paro minero, en Boyacá persisten conflictos estructurales que requieren más que acuerdos puntuales: demandan un replanteamiento del modelo de relación entre Estado y territorio.
El comunicado del Ministerio de Trabajo deja ver que el Gobierno busca presentar el manejo del paro minero como un ejercicio de diálogo social antes que de confrontación. El énfasis en la presencia de la viceministra Sandra Muñoz en Tunja y en la construcción de una “agenda común” apunta a mostrar que se está reconociendo a los mineros artesanales, guaqueros y tradicionales como interlocutores legítimos. La cifra de seis de nueve bloqueos levantados funciona como un indicador de avance, pero también como mensaje político de que el Ejecutivo puede obtener resultados sin recurrir exclusivamente a la fuerza pública.
Otro punto clave es la inspección general que se realizará a Fura Gems, motivada por denuncias de los trabajadores sindicalizados. Al incluir esto en el comunicado, el Ministerio no solo responde a una demanda concreta de los mineros, sino que envía una señal a otras empresas del sector: la supervisión laboral será una herramienta activa para garantizar derechos en jornadas, salud, seguridad y libertad sindical.
Finalmente, el texto subraya que el diálogo es interinstitucional, al mencionar la articulación con otras carteras y autoridades como Energía, Interior y Defensa, así como la Agencia Nacional de Minería y Corpoboyacá. Esto no es menor: proyecta la imagen de un gobierno cohesionado frente a un conflicto complejo que involucra no solo lo laboral, sino lo ambiental, lo económico y la seguridad en la región. El reto, sin embargo, será que estos compromisos se concreten y no se diluyan en el tiempo, evitando que el paro vuelva a estallar.
