En un acto que desafía de frente las advertencias de la comunidad internacional, el gabinete de seguridad israelí aprobó este viernes el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para tomar el control total de la Franja de Gaza. La medida, presentada bajo el argumento de “garantizar la seguridad” y “eliminar a Hamás”, profundiza la crisis humanitaria que ya asola a la población palestina y reafirma las denuncias que pesan sobre el mandatario israelí por violaciones a los derechos humanos, por las cuales organismos y líderes mundiales han pedido su captura.
El plan establece cinco objetivos: recuperar a todos los rehenes, desarmar a Hamás, desmilitarizar el enclave, mantener un control de seguridad israelí y establecer un gobierno civil que no sea dirigido ni por Hamás ni por la Autoridad Palestina. Netanyahu insiste en que Israel “no quiere gobernar Gaza” de forma permanente, pero sí mantener un “perímetro de seguridad”.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra otro panorama: bombardeos constantes, desplazamientos forzados y una población civil atrapada en una franja devastada, con acceso limitado a alimentos, agua y medicinas. La ONU ya advirtió que una incursión de este alcance podría tener “consecuencias catastróficas”, agravando el riesgo de hambruna y poniendo en peligro la vida de los rehenes que siguen bajo cautiverio. Incluso dentro de Israel, las familias de estos cautivos denuncian que el plan equivale a “una sentencia de muerte” para sus seres queridos.
Líderes de países como Reino Unido, Australia y Turquía han manifestado su rechazo, mientras crecen las voces que recuerdan que Netanyahu debería estar rindiendo cuentas ante la justicia internacional. No son pocas las organizaciones de derechos humanos que han exigido su captura por crímenes de guerra, tras meses de ataques indiscriminados contra civiles, hospitales, escuelas y refugios en Gaza.
La aprobación de este plan no solo es un desafío directo a la legalidad internacional, sino también una advertencia del rumbo que Netanyahu está dispuesto a tomar: una guerra sin límites, donde la población civil paga el precio más alto y donde el derecho humanitario queda reducido a papel mojado.
En medio de esta ofensiva, Gaza se hunde en el colapso, mientras el mundo observa con declaraciones tibias y acciones insuficientes. Y la pregunta que resuena, incómoda pero urgente, es: ¿cuántos crímenes más deben cometerse para que Netanyahu enfrente a la justicia?
