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Carlos Fernando Galán llegó a la Alcaldía de Bogotá presentándose como heredero del Nuevo Liberalismo, con la promesa de liderar una ciudad innovadora, respetuosa de las libertades individuales y abierta al cambio. Sin embargo, a casi la mitad de su mandato, sus acciones lo han revelado como el mandatario más conservador y prohibicionista de los últimos 15 años en materia de política de drogas. En campaña hablaba de modernidad, pero en el poder gobierna “más conservador que el Papa”.
Durante más de una década, Bogotá fue referente latinoamericano en enfoques progresistas hacia las sustancias psicoactivas (SPA). Se crearon políticas de reducción de daños, se implementaron programas como los CAMAD, se reconoció a la comunidad cannábica con Cannabis al Parque, se abrieron salas de consumo supervisado y se promovió la participación ciudadana en la construcción de políticas. Incluso gobiernos de ideologías opuestas coincidieron en dejar huella en esta materia. Galán, en cambio, destruyó 15 años de avances y retrocedió al modelo de castigo, persecución y censura.
El Nuevo Liberalismo fue protagonista en la regulación del cannabis medicinal en 2017, con Juan Manuel Galán como figura clave. Ese antecedente progresista fue usado por Carlos Fernando para ganar votos, proyectando en campaña una imagen liberal y moderna. Hoy, esa narrativa se desplomó: su administración se niega a cumplir compromisos básicos de su propio Plan de Desarrollo, como la formulación de una política distrital de drogas con enfoque de reducción de daños.
La realidad es que el discurso progresista solo fue un disfraz electoral. Una vez en el poder, Galán cedió a los sectores más reaccionarios, invisibilizando a las personas usuarias de drogas y borrando de la agenda los derechos humanos y la salud pública.
Comparendos, persecución y estallido social incubado
El eje central de su política ha sido el castigo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, la Alcaldía impuso más de 44.000 comparendos por porte y consumo de sustancias, concentrados principalmente en localidades populares. Una sanción que, en la práctica, no reduce el consumo, pero sí bloquea el futuro de miles de jóvenes al impedirles acceder a becas, empleos y oportunidades.
Lejos de ser una estrategia de convivencia, estas medidas alimentan el círculo de estigmatización, empobrecimiento y criminalización. En barrios vulnerables, la Policía sigue siendo percibida como un agente de abuso y corrupción, incubando las condiciones para un nuevo estallido social, tal como ya ocurrió en 2020.
Aunque la mayoría de consumidores no desarrollan trastornos asociados, la Secretaría de Salud insiste en tratarlos como enfermos, enfocándose en la abstinencia y centros de tratamiento en lugar de políticas modernas de reducción de daños. Millones de pesos se anuncian como inversión, pero no hay evidencia clara de resultados ni estrategias visibles de prevención.
Lo que se presenta como prudencia institucional es, en realidad, inacción: una política que no innova, que se limita a discursos burocráticos y que retrocede décadas en el abordaje de las SPA.
Censura a la cultura nocturna y prohibición del espacio público
El Decreto 293 de 2025, que restringe horarios de rumba y expendio de alcohol, muestra otra cara de este prohibicionismo. En lugar de construir sobre los avances de la Bogotá 24 horas, Galán cerró el espacio público y asfixió la economía nocturna. Empresarios, gremios y ciudadanos ya protestan por una medida que solo fomenta caos, corrupción y clandestinidad.
Lo mismo ocurre con la falta de regulación del consumo en parques y espacios públicos tras la Sentencia C-127/23 de la Corte Constitucional. En vez de garantizar un equilibrio entre derechos y convivencia, la Alcaldía ha dejado que sean concejales de extrema derecha quienes lleven la discusión, con un discurso que criminaliza a los consumidores y revive la confrontación social.
El apoyo a la Mesa Distrital Cannábica y al histórico Cannabis al Parque desapareció sin explicaciones. Galán no firmó el decreto que habría garantizado participación ciudadana en esta materia, borrando de un plumazo el reconocimiento de la comunidad cannábica como sujeto político.
Peor aún: la Alcaldía entregó 1.400 millones de pesos de las finanzas distritales a la UNODC, símbolo global del prohibicionismo, para formular la política de drogas de los próximos 10 años. Un convenio caro, desbalanceado y sin garantías de participación que compromete el futuro de Bogotá a un modelo fracasado.
La renuncia a liderar el debate global
En septiembre de 2025, Bogotá tenía la oportunidad de consolidarse como referente mundial al ser sede de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños. La respuesta de la Alcaldía fue el desprecio: ningún alto funcionario asistió, ningún respaldo político o institucional se ofreció. Así, la ciudad quedó borrada del mapa internacional de la innovación en política de drogas.
Galán llegó con promesas de renovación, pero su gobierno ha sido un retroceso: castiga a los jóvenes vulnerables, censura la cultura nocturna, patologiza a los usuarios de drogas y desconoce los derechos humanos. Bogotá pasó de ser vanguardia latinoamericana a quedar atrapada en un modelo prohibicionista, ineficaz y obsoleto.
Las promesas de campaña se desvanecieron, confirmando que, una vez más, nos engañaron con discursos progresistas que en la práctica se transforman en políticas conservadoras y de persecución.
Bogotá merece una política de drogas humana, moderna y basada en evidencia, no un retroceso que condena a la ciudad al fracaso y a sus ciudadanos al estigma y la represión.
