Tras varios días de bloqueo frente a la Central Hidroeléctrica de Chivor y en vías clave del Valle de Tenza, así como una fuerte movilización campesina en las zonas de alta ladera del nororiente boyacense, las comunidades y el Gobierno Nacional alcanzaron acuerdos que no solo desbloquearon el paso, sino que establecen compromisos de fondo en materia social, ambiental, productiva y laboral.
En Santa María, Macanal y San Luis de Gaceno, organizaciones sociales y comunitarias exigían a la empresa AES Colombia y a las autoridades soluciones a problemas históricos: daños viales y ambientales derivados de la hidroeléctrica de Chivor, precarización laboral y falta de oportunidades para la mano de obra local.
Paralelamente, campesinos parameros de alta ladera en el nororiente de Boyacá reclamaban garantías para su permanencia en el territorio y el respeto a sus derechos agropecuarios frente a normas ambientales que, según denunciaban, amenazaban su forma de vida y su papel en la protección del ecosistema de páramo.
Dos procesos, un mismo canal: el diálogo social
El levantamiento de las protestas fue posible gracias a mesas de diálogo lideradas por el Ministerio del Trabajo, con acompañamiento de los Ministerios de Minas e Interior, la Unidad para la Gestión del Riesgo, la Gobernación de Boyacá y alcaldías locales. En el caso paramero, participaron además el Ministerio de Ambiente, autoridades ambientales como Corpoboyacá, Corpochivor y CAR Cundinamarca, así como la Federación Paramera Campesina del Nororiente de Colombia.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que el pacto con las comunidades aledañas a Chivor incluye:
- Inspecciones mensuales para verificar el cumplimiento de la reciente reforma laboral (Ley 2466 de 2024), garantizando contratos a término indefinido, salarios justos y el respeto al derecho de huelga.
- Control estricto a la tercerización y la precarización laboral.
- Garantías para la contratación de mano de obra local.
- Revisión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en proyectos hidroeléctricos.
- Jornadas pedagógicas para que trabajadores y empresas conozcan a fondo los derechos contemplados en la reforma laboral.
“Estos proyectos deben aportar energía al país, pero sobre la base del trabajo digno y decente”, puntualizó Sanguino, quien recalcó que el Ministerio actuará como garante del cumplimiento de lo pactado.
Diez puntos clave con los campesinos parameros
El acuerdo alcanzado con las comunidades de alta ladera incluye medidas de alto impacto, entre ellas:
- Reforma de resoluciones ambientales para garantizar derechos agropecuarios y evitar términos de “exclusión” en zonas de cultivo.
- Garantía plena del derecho de propiedad a los campesinos del páramo.
- Reglamentación del Acto Legislativo 001 de 2023, con participación prioritaria de estas comunidades.
- Fortalecimiento de cadenas agrícolas en carne, leche, papa, cereales y hortalizas.
- Estudio de revocatoria de resoluciones que delimitan áreas de páramo, sin comprometer su protección ambiental.
- Convenio con la UPTC para asistencia técnica y jurídica.
- Mesa técnica sobre la Resolución 138 de 2014 y su impacto en cuencas altas.
- Participación comunitaria en la gestión de territorios excluidos de la frontera agrícola.
- Modificación de la Resolución 680 de 2011 para eliminar restricciones innecesarias a la producción.
- Levantamiento de bloqueos y restablecimiento de la normalidad en la región.
El director de Derechos Fundamentales del MinTrabajo, Yomar Benítez, señaló que este acompañamiento “va de la mano de garantizar que el diálogo social sea respetado, sin discriminación sindical y con impulso al trabajo digno”.
Los líderes comunitarios celebraron que sus demandas hayan sido escuchadas, aunque advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos.
Para los campesinos y trabajadores de Boyacá, lo ocurrido esta semana es más que el fin de una protesta: es un precedente de que la negociación directa, la articulación institucional y la presión ciudadana pueden abrir puertas a transformaciones estructurales que reconcilien la producción, el medio ambiente y la dignidad laboral.
